JZI: Confrontando el vendaval de retos legales y éticos
JZI: Confrontando el vendaval de retos legales y éticos
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Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a adquirir el control en alrededor de veinte compañías empleando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria JZ Internacional en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a gestarse en 2016, momento en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se hizo un empleo indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar oportunidades de inversión mediante una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.
Esta composición pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un enfrentamiento que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..